CIEN AÑOS DE LA REFORMA UNIVERSITARIA DE 1918, HERENCIA Y DESAFÍOS

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El movimiento de la Reforma Universitaria fue un proceso político, social y doctrinario que protagonizado por los estudiantes y apoyado por importantes figuras intelectuales y políticas se inició hace un siglo, en junio de 1918, en la Universidad de Córdoba, Argentina, e irradió rápidamente en varias de las más importantes casas de altos estudios de ese país y América Latina: en La Plata, Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Lima, La Habana, México, entre muchas otras. El objetivo inmediato, y logrado, era la transformación radical de las rémoras reaccionarias de las tradiciones y estructuras educativas, pero también, además de los propósitos universitarios específicos - autonomía institucional, participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad, libertad de cátedra y de investigación, concursos de oposición para nombramiento de los profesores y periodicidad en sus funciones, actividades de extensión– el movimiento se convirtió en un protagonista importante de profundas transformaciones sociales y políticas que fueron mucho más allá de las universidades y de la educación superior.

La doctrina democrática de la sociedad que paulatinamente se fue formulando en la práctica de los partícipes de la Reforma Universitaria tuvo alcances muy vastos e influyó decisivamente en la ideología y el programa de reformas profundas que marcaron más de medio siglo del acontecer político y social de América Latina. Como decía el célebre Manifiesto liminar dado a conocer el 18 de junio de 1918 por los estudiantes cordobeses:
“Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos
pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana”.

Originado, como dijimos, en la hoy cuatricentenaria universidad de Córdoba, –la nueva generación sacudida filosóficamente por la quiebra del positivismo, traumatizada por el colapso moral civilizatorio desencadenado por las matanzas de la Primera Guerra Mundial, e inspirada en los procesos revolucionarios contemporáneos en México, China y Rusia– el movimiento se proyectó rápidamente a través de una trayectoria que tuvo un núcleo fundamental en la Alianza Popular Revolucionaria Americana –el célebre APRA– inspirada y dirigida por el político y pensador peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, con vinculaciones e influencia en un sinnúmero de intelectuales, políticos y dirigentes sociales de toda América a lo largo de cinco décadas. Figuras destacadas del reformismo universitario –dirigentes políticos o intelectuales creativos que ampliaron y profundizaron los planteamientos de su ideario– fueron entre muchos otros, además de los iniciadores cordobeses Deodoro Roca y Saúl Taborda, el político socialista argentino Alfredo Palacios, el filósofo y sociólogo José Ingenieros, el luchador cubano Julio Antonio Mella, los peruanos José Carlos Mariátegui y Luis Alberto Sánchez, el intelectual uruguayo Carlos Quijano, el dirigente socialista también oriental Emilio Frugoni, el gran escritor boliviano Alcides Arguedas y el poeta, político y pedagogo Franz Tamayo.

En Guatemala el escritor Miguel Ángel Asturias y Juan José Arévalo quien presidió la república en 1944 e inició el notable ciclo reformista que se extendió hasta el derrocamiento de Arbenz en 1954; en República Dominicana y luego todo el continente Pedro Henríquez Ureña; en Venezuela Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Jóvito Villalba. Se agrega una extensa nómina, en diversos campos de la política, la acción social, la ciencia y la cultura, que constituyó el núcleo del latinoamericanismo de tres generaciones y que en México se expresó con meridiana claridad a través de la revista Cuadernos Americanos creada y dirigida por Jesús Silva Herzog.

La lucha contra las dictaduras que asolaron la región latinoamericana por décadas, – magistralmente registrada en el Canto general, el grande poema de Pablo Neruda– fue forja de un proceso en el que participaron los que luego serían organizadores y dirigentes destacadísimos de las mayores transformaciones en diversos países de América Latina, modernizaciones de vasta escala en lo político, lo social, lo económico y lo cultural, que liquidarían o limitarían las viejas estructuras del poder heredadas de las épocas coloniales y el siglo XIX, y que culminarían con la doctrina y orientaciones de la CEPAL, el desarrollismo, y la Alianza para el Progreso. Debemos subrayar que la Reforma Universitaria fue uno de los aportes fundamentales a esta matriz de pensamiento y acción.

A lo largo de décadas de luchas y avances la Reforma Universitaria–también de retrocesos severos, momentáneos o prolongados, resultado de la hostilidad de los sectores más reaccionarios de la sociedad e, infelizmente, muchas veces por la acción violenta de dictaduras militares y regímenes opresivos y tiránicos– construyó un original modelo de Universidad que con diversas modalidades de ordenación académica en constante renovación, se define por algunos principios doctrinarios y rasgos esenciales de cultura organizacional y espíritu corporativo.

En primer y fundamentalísimo nivel la institución de la autonomía universitaria, antiguo principio de organización institucional autorregulada que proviene de las primeras universidades europeas: Bolonia, París, Oxford, Salamanca y Cambridge. La autonomía salmantina es llevada luego a las universidades de la América colonial y desde inicios del siglo XX la Reforma Universitaria será la encargada de aggiornarla y ponerla en contexto para convertirla en la concepción basal hasta hoy de las universidades públicas de América Latina.

Sobre este principio clave de la autonomía se desarrolló lo que podríamos denominar el Modelo Universitario Latinoamericano, para subrayar su originalidad y especificidades, en particular en su marcada vocación de servicio responsable a la sociedad y de apertura y canal de promoción de los sectores populares a la educación superior, que es un modelo sistémico complejo, que implica multiplicidad de variables y actores internos y externos interrelacionados jerárquicamente (jerarquías en permanente redefinición y cuestionamiento) y atravesados por vectores de poder que conducen a que la gobernanza universitaria –definido el concepto gobernanza como los procesos de interacción entre los actores involucrados, que llevan a la toma de decisiones y a la formulación de la normatividad corporativa– esté sujeta a grandes dificultades y obstáculos, siempre sometida a grandes presiones y presente un estatuto de precariedad bastante marcado en la mayoría de los casos. El equilibrio entre los actores, no siempre comprendido ni practicado, es el elemento crucial para asegurar el desarrollo dinámico autorregulado de las instituciones universitarias, siempre frágil; recordemos las aseveraciones de Raymond Aron respecto de la democracia, siempre en riesgo, para garantizar este vital elemento de la salud y el éxito sistémico.

En la actualidad, algunas disfuncionalidades y anacronismos evidentes en este modelo son muy resistentes al cambio porque representan intereses sub-corporativos muy importantes. Me refiero a ciertas prácticas, perspectivas y posiciones estrechas o interesadas de sindicatos de trabajadores, asociaciones académicas, grupos de poder económicos externos articulados con organizaciones internas no formalizadas, organizaciones estudiantiles formales, grupos estudiantiles de obediencia heterónoma, instituciones de investigación ajenas a las universidades que intentan hegemonizar agendas y procesos de investigación. Todos estos factores se suman al poder por excelencia, –estados nacionales, sub-nacionales, locales– que siempre tiene una relación de difícil tramitación con la autonomía universitaria y en la mayoría de los casos utiliza el apoyo financiero de la sociedad canalizado a través suyo, para intentar dominar o convertir en letra muerta los postulados autonómicos. Por ello, la autarquía financiera fundada en recursos arbitrados por normas superiores, pueden evitar estas enormes presiones casuísticas de los poderes políticos o económicos que buscan controlar o domesticas a las universidades públicas.

La Universidad pública latinoamericana debe ser, por definición, renovadora e inquieta. A un siglo de la Reforma Universitaria que la construyó debe articular una agenda de cambios que asegurando sus principios básicos, trabaje por alcanzar altos estándares de calidad en la educación, innovación y creatividad en la investigación, proyecte actividades de extensión con particular orientación a los sectores más desprotegidos y atendiendo a los problemas sociales más acuciantes, que sea un esencial protagonista de la cultura y asegure una voz éticamente irreprochable e intelectualmente potente en los grandes debates de actualidad y de peso y responsabilidad en la proyección estratégica. Cambios para ponerse a tono de estos enormes desafíos, ahuyentar la retórica vana y servil, y evitar el camino fácil de convertirse, como planteaba el Manifiesto Liminar de 1918, en “el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y lo que es peor, el lugar donde todas las formas de tiranizar e insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara”. El ejemplo y lección de los jóvenes y maestros de 1918, sostenido por ya muchas generaciones, debe ser aprovechado por el pensamiento crítico y la práctica responsable de los universitarios de hoy, sin ceder a la tentación de corporativismos mezquinos y sumisiones deleznables.


 Horacio Crespo / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales, Universidad Autónoma del Estado de Morelos.