Totlatlnantle, kampa ixwa nin yolilistle wan nin totlatlwan, ipan toaltepewan wilihke malwilohke, pampa nin kenime mochihte mopanoltiteh wan moilnamikilihtiweh towan, panote kaxto ika non tokniwan iwehka onenkeh, nin axkan tinemih wan akinomeh kimach walaskeh.

Nin tlanemilistli mokixtia ipan amatlanawatileh itoka “Decreto de los Pueblos Nahuas de Morelos en contra de la Minería y los Megaproyectos”

Náhuatl de Cuentepec, Morelos; traducción: Alma Esther Nava Torres.

“La Madre Tierra, la vida que de ella se nace y nuestros territorios son sagrados para nuestro pueblo, para su historia y su memoria, así como para todas nuestras generaciones pasadas, presentes y futuras”.

Fragmento del Artículo Primero del "Decreto de los Pueblos Nahuas de Morelos en contra de la Minería y los Megaproyectos".

El 22 de abril del 2021 entró en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú. Éste se firmó tres años antes, el 27 de septiembre de 2018, en la sede de las Naciones Unidas, por más de veinte países de América Latina y el Caribe, incluyendo a México. Al respecto, la diplomática mexicana, Alicia Bárcena, entonces secretaria ejecutiva de la CEPAL, escribió: “No puede haber crecimiento a expensas del medio ambiente, y no puede gestionarse el medio ambiente ignorando a nuestros pueblos y nuestras economías”.

Cuatro años después, el pasado 24 de abril de 2022, en el poblado de Cuentepec, los pueblos nahuas de Morelos, acompañados por comunidades indígenas de varios lugares del país, acordaron el “Decreto de los Pueblos Nahuas de Morelos en contra de la Minería y los Megaproyectos”, en el que se establece la prohibición definitiva de proyectos mineros y megaproyectos de infraestructura en sus territorios ancestrales. Este Decreto significa, en los hechos, la puesta en marcha de los postulados del Acuerdo de Escazú, como lo mencionó Bárcena, cuya argumentación fundamental parte de los derechos ambientales y el acceso a la justicia de los defensores que, en el amplio territorio del Abya Yala (mejor conocido como continente americano), los pueblos indígenas han sido actores centrales.

Foto: Héctor Zetina. Mural de Cuentepec.

En el artículo octavo del Acuerdo de Escazú se expresan los criterios para acceder a esta justicia y, sobre todo, ratifica la obligación de los estados firmantes a establecer los mecanismos que la hagan efectiva. Por su parte, el noveno indica que se deberán adoptar medidas para garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

En este marco temporal de deliberación internacional sobre la importancia de proteger a los defensores del medio ambiente, fue asesinado, en febrero de 2019, el comunicador comunitario nahua Samir Flores Soberanes, por oponerse al Proyecto Integral Morelos, megaproyecto de energía fósil que busca imponer la profundización de un modelo de desarrollo industrial en el oriente del estado incompatible con el modo de vida de los pueblos indígenas y campesinos que lucharon junto a Emiliano Zapata por sus “montes, tierras y aguas”; es decir, por su territorio.

Pero el territorio no es suelo yermo ni división política en los mapas para colocar infraestructura al gusto de inversionistas voraces; el territorio es biodiversidad y servicios ambientales, es el espacio simbólico donde los pueblos encuentran las bases de su cultura y los recursos para la subsistencia y la reproducción de la vida. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha reconocido que 80 % de la biodiversidad con alto grado de conservación está bajo el cuidado de los ya pocos pueblos originarios en el mundo. Así como en otras latitudes, en Morelos, miles de especies vegetales, animales y hongos nombradas en náhuatl han sido protegidas, estudiadas y clasificadas con profundo respeto por generaciones de mujeres y hombres que los han aprovechado como medicina, alimento y uso sagrado.

Gracias a la experiencia milenaria compartida por estos pueblos, disfrutamos del mole verde y los huauzontles, además de la inmensa variedad de platillos tradicionales derivados del maíz, el chile, el frijol, los tomates y jitomates, la calabaza, los quelites y otros cientos de productos resultado de esa biotecnología ancestral que conocemos como milpa; además de la práctica de la recolección, tal como lo ha documentado el promotor cultural Fernando Hidalgo con sibarítica dedicación.

Desgraciadamente, Morelos es uno de los estados de la República con el mayor deterioro de ecosistemas. Por todo esto, y muchas más razones de índole jurídica, social, histórica, cultural, ambiental, lúdica y sagrada, pero esencialmente ética, es momento de que los órganos normativos de nuestro estado, y la sociedad en su conjunto, reconozcan a los pueblos indígenas como sujetos de derecho colectivo, impulsando la libre determinación sobre sus territorios: manantiales y otros cuerpos de agua, campos de cultivo y áreas de conservación de selva caducifolia, bosques templados y barrancas; ecosistemas bajo una tremenda presión.

¡Es urgente, nos va la vida en ello!

Mtro. Héctor Tomás Zetina Vega / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Morelos