Revista de Divulgación Científico-Tecnológica del Gobierno del Estado de Morelos

Acceso a la información y rendición de cuentas del poder público

Dr. Juan Francisco Escobedo / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Archivo: Ciencias Sociales

Las reformas legales e institucionales que es necesario impulsar para atajar el complejo problema de la corrupción, deben diseñarse bajo el enfoque de la rendición de cuentas.
El derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas no son conceptos homologables. El derecho de acceso a la información es un derecho humano, que podría ser considerado como un mecanismo de rendición de cuentas vertical, pero que no satisface las exigencias que exige el proceso de rendición de cuentas.
         La transparencia en su acepción más básica se refiere a la cualidad de los objetos; pero también puede considerarse como una política gubernamental para poner a disposición del público, información que debe difundirse por obligación legal. Se le utiliza como un concepto genérico para referirse a las leyes que regulan el derecho de acceso a la información, a las estrategias de difusión, y a las políticas y acciones institucionales dirigidas a difundir información sobre temas de alto interés público. Pero tampoco la transparencia es sinónimo de rendición de cuentas.
Esclarecer el campo semántico de cada uno de estos términos, es condición necesaria para definir los alcances de las reformas legales que es preciso acometer para encarar el complejo problema de la corrupción.
       La rendición de cuentas presupone relaciones inexcusables entre sujetos obligados a rendir y a recibir las cuentas. En esta relación biunívoca, es preciso que quien rinde cuentas, informe exhaustivamente, y además explique el porqué y el para qué de sus acciones y decisiones. De tal manera, que el órgano responsable de revisar las cuentas, disponga de los elementos necesarios para pronunciarse sobre la cuestión, sin descartar la posibilidad de emitir sanciones y establecer una hoja de ruta para corregir las omisiones y deficiencias que se identifiquen en el proceso.
El desempeño eficaz que se espera de las instituciones públicas, no puede producirse a cualquier precio. Si los poderes públicos pasan por alto las reglas y los procedimientos de la democracia constitucional, contribuirán a la restauración del autoritarismo. En este marco es necesario subrayar la importancia del derecho de acceso a la información. Con su regulación, se buscó contribuir a: 1.- Restaurar el carácter público de la república federal, y 2.- Tutelar el derecho a saber sobre los asuntos públicos, como un derecho fundamental, vinculado directamente con el desarrollo de la democracia. Los obstáculos que enfrenta el proceso de apertura informativa que se inició hace 10 años son múltiples. A continuación se presentan algunas reflexiones y propuestas que podrían contribuir a reactivar la promoción del derecho de acceso a la información.
           En primer lugar, hay que destacar las omisiones de la Suprema Corte de Justicia para ejercer con oportunidad y prestancia sus funciones de control de constitucionalidad. La narrativa del artículo 6° constitucional está esperando ser confirmada con perspectiva garantista por la Corte. Se espera que ejerza el control de constitucionalidad, y que con sus decisiones contribuya a restaurar el sentido positivo del proceso de apertura.
Existe el peligro de que las iniciativas de reforma a la ley federal en la materia o a las leyes locales, por dolo o ignorancia, se truequen por cambios regresivos. En algunas leyes locales se han multiplicado las excepciones y las restricciones para no entregar la información pública solicitada. El congreso federal y los congresos locales no ejercen la soberanía absoluta, y menos, por encima de lo dispuesto en la Constitución.
         El derecho de acceso a la información es un derecho humano, por lo tanto, constituye un coto vedado, un núcleo inmodificable, sobre el que no puede pronunciarse el poder legislativo, salvo para ampliar sus alcances y crear nuevas garantías que faciliten su ejercicio y cumplimiento.
           Los congresos piden información y cuentas a todos, pero son los primeros en eludir sus obligaciones. El país observa estupefacto, un día sí y otro también, las múltiples coartadas que se despliegan en las oficinas parlamentarias para no cumplir con sus obligaciones básicas en materia de acceso a la información.
Una auditoría de constitucionalidad sobre el grado de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° constitucional en las leyes estatales y reglamentos municipales en la materia, confirmaría la magnitud del daño que han provocado el consenso simulado y la retórica de la transparencia.
        Es necesario crear el Instituto Nacional de Investigación y Educación en materia de Acceso a la Información, Transparencia y Rendición de Cuentas. El país necesita mayor conocimiento experto, funcionarios preparados en el enfoque garantista, investigaciones con perspectiva de estado, auditorías de legislación y desempeño, etc.
La creación de este instituto y la multiplicación de los espacios de deliberación, podrían ser las palancas que se requieren para desatar el proceso que permita colocar en un lugar preferente de la agenda política, la propuesta de conformar un Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, con las reformas legales e institucionales que ello implica.

 


Semblanza


Juan Francisco Escobedo es doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM)